Cáritas y el arzobispo Omella piden al Parlament que aplique la renta mínima garantizada

Publicat per en des. 16, 2016 dins Actualitat | 0 comments

Cáritas y el arzobispo Omella piden al Parlament que aplique la renta mínima garantizada

 

  • La entidad alerta de que la pobreza severa ha aumentado un 4 % desde 2007, hasta llegar al 10,6 % de la población en 2016arquebisbe

El arzobispo Juan José Omella durante la presentación de la campaña de Navidad de Cáritas (Marta PÉrez / EFE)

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EFE, Barcelona

LA VANGUARDIA. 14/12/2016

Cáritas Diocesana de Barcelona y la Archidiócesis de Barcelona, a través del arzobispo Juan José Omella, han reclamado hoy que el Parlament de Catalunya aplique la renta mínima garantizada para hacer frente al incremento de la pobreza entre la población.

 

El arzobispo Omella, que ha participado este jueves en la presentación del informe Frágiles: La alimentación como derecho de ciudadanía“elaborado por Cáritas, ha valorado que “toda ayuda a las familias en situación de pobreza permanente es buena”, y ha reafirmado su apuesta por la implementación de la renta mínima.F

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El director de Cáritas en Barcelona, Salvador Busquets, ha reivindicado, además de la renta mínima, ampliar el parque de vivienda social y “construir un nuevo sistema económico y productivo”, donde se “regulen los salarios más altos” y haya “cambios en la estructura fiscal”.

El informe, que se centra en la campaña de Cáritas de Navidad alrededor de la alimentación y “la fragilidad humana”, constata que la pobreza severa ha aumentado un 4 % desde 2007, hasta llegar al 10,6 % de la población en 2016.

Busquets ha destacado que el mercado laboral actual “ha perdido la capacidad de garantizar una vida digna”, ya que, según el informe, el 13,2 % de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza y exclusión social, una tasa que aumenta hasta el 24,5 % en el colectivo de trabajadores jóvenes.

El estudio refleja que el salario mínimo “se ha convertido en la referencia” para los contratos, mientras que “antes se tenía en cuenta el salario medio”: actualmente, un cuarto de los trabajadores catalanes cobra el salario mínimo, de los cuales 329.000 personas cobran menos de 327 euros mensuales.

Cáritas también denuncia a través del informe que la desigualdad crece en Catalunya, ya que el 20 % de la población con más ingresos tiene 6 veces más que el 20 % de la población con menos ingresos, mientras que, en 2007, la diferencia era de 5 veces.

Llamada a las administraciones públicas

MercèDarnell, adjunta en Acción Social de Cáritas, ha hecho una llamada a las administraciones públicas y su “responsabilidad” para cambiar esta situación.

Darnell y Busquets han explicitado que la entidad espera que el parque de vivienda social se equipare al nivel de los países europeos, que cuentan con un 16 % de media de pisos sociales, mientras que en Catalunya sólo hay entre el 2 y el 2,5 % de parque de vivienda.

Darnell ha destacado que Cáritas ha pasado a destinar más del 50% de sus aportaciones a la alimentación, y ha llegado hasta los 2 millones de euros en este ámbito.

El gasto total de la entidad en 2016 ha superado los 3,8 millones de euros, cuatro veces más que el gasto de 2007, de los cuales el 48 % se han destinado a otras ayudas económicas como la vivienda, el transporte o la asistencia sanitaria, entre otros.

Darnell ha valorado positivamente la iniciativa de Cáritas de proveer a las familias beneficiarias de su ayuda con una tarjeta de prepago, restringida a pagar alimentación, una iniciativa que empezó en 2013 y que se ha ampliado hasta beneficiar a 450 familias.

Los representantes de Cáritas han lamentado que cada vez haya más familias que requieren de la asistencia de Cáritas de manera continuada, ya que no es una situación “sostenible”, y no garantiza la “autonomía” de las personas.

Omella ha destacado que la Navidad es un tiempo de “solidaridad”, de “vivir con el corazón abierto” y de “compromiso con los pobres”, también por parte de “la administración”.

La renta mínima garantizada ciudadana está pendiente de que se debata en el Parlament, desde que una Iniciativa Legislativa Popular hizo llegar la propuesta a la cámara catalana en 2013.

 

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